¿Quién tiene las competencias sobre el uso de las playas y de las olas? Cuidando Olas 2/4
La semana pasada Ignacio García nos explicaba cuales eran las diferentes visiones sobre una misma playa en el primer artículo de la serie Cuidando Olas. Esta semana vamos a conocer, de la mano de Ángel Lobo, que autoridades tienen actualmente las competencias sobre el uso de las playas y de las olas.
¿Quién tiene las competencias sobre el uso de las playas y de las olas?
Las playas y el territorio marítimo en el que rompen las olas forman parte del denominado dominio público marítimo-terrestre, y su titular es el Estado. Sin embargo esta afirmación no nos puede llevar directamente a la conclusión de que la Administración propietaria del dominio público es la competente para su gestión.
De hecho, con los matices respecto de las playas integradas en algún espacio natural protegido, la Administración Municipal es en buena parte la competente sobre cuestiones tan importantes como explotar los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas y mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Entre los servicios de temporada clásicos debemos destacar los típicos chiringuitos y hamacas pero ahora, como novedad, se están incorporando el servicio que llevan a cabo las escuelas de surf.
Ciertamente en la gestión de las escuelas de surf se han dado los siguientes escenarios. En primer lugar un paisaje desolador y anárquico en el que ni el Estado a través de su Servicio Periférico de Costas ni el Ayuntamiento correspondiente deciden intervenir en el control de las empresas, clubs y autónomos que realizan estas actividades en las playas. Este panorama, aunque estimulante en principio para los agentes que trabajan en las playas por la dosis de libertad que supone, se ha tornado insostenible ante la falta de calidad, el nivel de intrusismo y, en suma, de inseguridad que supone, hasta el punto que son los propios agentes los que ahora claman por algún tipo de regulación y gestión de la playa.
Un segundo escenario es aquél en el que quien actúa es el Estado a través del Servicio Periférico de Costas. Así, los agentes que trabajan en las playas se dirigen a estas Administraciones para recabar las autorizaciones de uso del dominio público marítimo-terrestre pertinentes ya descritas en epígrafes anteriores, con el objetivo de conseguir una situación de privilegio frente a sus competidores. Es evidente que en este escenario no existe un concurso previo que valore no solamente la calidad de las ofertas, sino que suponga el establecimiento de un número máximo de agentes que puedan actuar en la playa en cuestión, esto es, una capacidad de carga de la playa, por lo que el Servicio Periférico de Costas termina decidiendo, de una forma discrecional rayan en la arbitrariedad sobre el otorgamiento o no de más autorizaciones. En este punto es necesario que los Servicios Periféricos de Costas realizaran planes de explotación de este tipo de actividades que, de alguna forma, sirvieran de soporte para la autorización o no de las actividades de las escuelas de surf e incluso que sirvieran de base para la realización de concursos para seleccionar a los mejores agentes para trabajar en la playa.
Un tercer posible escenario es aquél en el que el Ayuntamiento, consciente de la situación y de sus competencias como gestor prioritario de los servicios de temporada, decide intervenir sobre los usos turístico-deportivos en las playas. Entendemos que es el escenario ideal para todos, administraciones públicas y agentes implicados, pues en este caso la figura del concurso es obligatoria, lo que conllevará la elección, en principio, de las mejores ofertas basadas en criterios cuantitativos pero también cualitativos, y debería suponer también un estudio previo que analice las necesidades de las playas del municipio y su capacidad de carga.